La legalización de ese nuevo partido de izquierda vasca se ha convertido en una cuestión espinosa no solo para el gobierno central, si no también al pacto de gobierno en el País Vasco.
En la democracia , y no solo en la española la legalización de un partido político es una cuestión legal, pues existen una leyes que definen claramente las reglas de juego que se deben de cumplir inexorablemente para poder participar en la vida política del estado, es ahí en el cumplimiento de las leyes donde reposa el edificio de la democracia, unas leyes que son iguales para todos, que no pueden ser retorcidas por aquellos a los que el resultado de su aplicación no les beneficia.
Resulta pues paradójico que una vez que esa izquierda rechaza el terrorismo de ETA tal y como se le pedía, aquellos que lo hacían se muestren escépticos, incluso se enroquen y sigan pidiendo una ilegalización, decisión que no les compete, aun mas enrareciendo el clima social con sus declaraciones, cuando saben que tal como ocurrió con la legalización del PC, se verán obligados a aceptar la decisión del Tribunal Supremo, todos ellos, los que pretenden ser legalizados y los que pretenden que no lo sean.
Si se dejara de lado la condena por la condena a esos que hoy han dado el primer paso para no solo la normalización de la democracia en el País Vasco, si no también para iniciar el camino del final de la violencia y se centraran y tendieran puentes de encuentro con toda posibilidad el final de ETA seria una realidad, una realidad que tan solo depende del abandono de las posturas jacobinas de ciertos políticos, y el reconocimiento de que la transición española ha llegado a su termino, y ha comenzado una nueva andadura para la que se va a necesitar articular un nuevo marco de convivencia y organización política del estado español,
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