El que mal anda mal acaba, y eso es lo que les esta ocurriendo tanto al PP, como al PSOE como resultado de la aplicación de una mala ley electoral, una ley que fue pactada por los grandes partidos de la Transición, AP, UCD y PSOE, creídos y embebidos en la obtención de mayorías absolutas que garantizaran una alternancia canovista, todo basado en una organización territorial desfasada, artificial y caduca, la provincia, que ha chocado frontalmente con la única y verdadera organización territorial del estado español, las autonomías, el sentimiento nacionalista de los ciudadanos.
Es es mala ley la que se ha convertido en una espada de Damocles sobre la acción política de los distintos gobiernos, esos que para mantenerse en el poder pactan y ceden ante las peticiones de esos partidos de derecha nacionalista, casi se diría que se han convertido en mercenarios a los que hay que pagar para obtener la victoria.
Para desgracia de la mayoría de los ciudadanos españoles el PP y el PSOE siguen aferrándose a esa ley, pues en el fondo aun teniendo que pagar o ceder a las presiones de las minorías les permiten a ambos mantener el poder, que es al parecer lo único que les importa, no piensan en el pueblo, en su bienestar, en la libertad y en la democracia pues si lo hicieran derogarian la ley electoral y aprobarían una nueva, mas justa, actual y mas representativa.
En la elecciones municipales votan lo ciudadanos del municipio, en las autonómicas si no deben deberían votar en una sola circunscripción electoral, la autonómica, en las elecciones estatales no tiene porque ser distinto, la regla es bien sencilla numero de votos validos emitidos, dividido por numero de concejales o diputados a elegir igual a numero de votos necesarios para obtener un diputado, sencillo, un hombre un voto, todos los votos son iguales y tienen el mismo valor, es la base sobre la que se sustenta la verdadera democracia, mientras esto no ocurra seguiremos asistiendo a la feria de compra de votos a cambio de mantenerse en el poder, y eso es una carcoma que destruye la credibilidad de los ciudadanos en la política y acaba derribando el sistema democrático.
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